El programa económico iniciado en diciembre de 2023 logró una rápida desaceleración inflacionaria y recomposición del resultado fiscal mediante un fuerte ajuste del gasto público, contracción monetaria y estabilidad cambiaria inicial. Sin embargo, hacia 2026 las principales dudas se concentran en la sostenibilidad del esquema fiscal, cambiario y financiero, particularmente por la debilidad de las reservas internacionales y la dependencia del financiamiento externo.

En paralelo, la recuperación de la actividad económica muestra una dinámica crecientemente heterogénea: mientras sectores vinculados a hidrocarburos, minería y exportaciones primarias lideran el crecimiento, amplios sectores orientados al mercado interno continúan rezagados.

Mensajes clave:

• La estabilización macroeconómica logró resultados rápidos, pero enfrenta crecientes tensiones de sostenibilidad. El aumento de la deuda flotante, la caída de la recaudación real y la fragilidad externa muestran límites crecientes del esquema actual.
• El frente externo volvió a convertirse en el principal foco de vulnerabilidad. La apreciación cambiaria y la recuperación de importaciones erosionaron el superávit externo de 2024 y obligaron al Gobierno a migrar desde un crawling peg hacia bandas cambiarias administradas.
• La economía argentina opera en «dos velocidades». Energía, minería y sectores exportadores muestran dinamismo, mientras industria, construcción y comercio continúan débiles en actividad y empleo.
• El Gobierno apuesta a un modelo de crecimiento liderado por inversiones. Instrumentos como el RIGI buscan atraer capitales hacia sectores transables, aunque persisten dudas sobre su capacidad para generar empleo masivo y derrames sobre el mercado interno.
• Misiones enfrenta una “doble contracción” económica. La caída del poder adquisitivo reduce el consumo interno, mientras que la apreciación cambiaria profundiza la fuga de consumo hacia Paraguay y Brasil.
• El mercado interno continúa debilitado. Desde finales de 2023 se perdieron más de 8.000 puestos de trabajo registrado y cerraron más de 900 empresas, mientras las ventas de supermercados cayeron cerca del 17% interanual febrero de 2026, en términos reales.
• El frente exportador muestra dinamismo, pero con derrame limitado. En 2025 las exportaciones de Misiones crecieron 21%, impulsadas principalmente por el sector de yerba mate, aunque los resultados tienen un bajo impacto inmediato sobre empleo y consumo interno.

El programa económico del Gobierno actual se estructuró desde diciembre de 2023 sobre cuatro ejes principales, denominados “anclas nominales”: un ancla fiscal basada en un fuerte ajuste real del gasto público; un ancla salarial, mediante la caída del salario real (principalmente en el sector público); un ancla cambiaria, sostenida inicialmente a partir de una fuerte devaluación del tipo de cambio oficial y un posterior esquema de microdevaluaciones (crawling peg); y un ancla monetaria-financiera, basada en la eliminación del financiamiento monetario del BCRA al Tesoro, la licuación del stock de pesos de la economía y una reducción de las tasas de interés en términos reales.

En el plano fiscal, el ajuste implicó una reducción real significativa del gasto primario (Gráfico 1, Panel C), permitiendo que el balance del sector público pasara de un déficit primario de $1.991.316 millones en diciembre 2023 a un superávit primario de $2.010.745 millones en enero de 2024, resultado que posteriormente se sostuvo durante gran parte del período analizado (Gráfico 1, Panel A). En paralelo, el ancla salarial buscó que los ingresos evolucionaran por debajo de la inflación, funcionando como uno de los mecanismos centrales del proceso de desinflación. Desde diciembre de 2023, el salario real total registró caídas interanuales cercanas al 20%, profundizando el deterioro previo observado durante los años anteriores (Gráfico 1, Panel D).

Por su parte, el ancla cambiaria se inició con una devaluación superior al 100% entre noviembre de 2023 y enero de 2024, seguida por un crawling peg inicialmente del 2% (Gráfico 2, Panel A). La combinación entre devaluación, recomposición tarifaria y liberalización de precios regulados provocó una aceleración inflacionaria significativa, duplicando el nivel general de precios entre noviembre de 2023 y abril de 2024 (Gráfico 1, Panel B). Este proceso facilitó simultáneamente la licuación del gasto público y la contracción monetaria, eje central del ancla monetaria-financiera. Entre noviembre de 2023 y abril de 2024, la base monetaria cayó 22% y el agregado monetario M3 se redujo 27% en términos reales (Gráfico 2, Panel B), en un contexto donde el Gobierno priorizó explícitamente la emisión monetaria cero para financiar gastos del Tesoro. La reducción de la liquidez y el ingreso de divisas permitieron además una recomposición parcial de reservas internacionales, y una disminución significativa de las tasas de interés de los pasivos remunerados del BCRA (Gráfico 2, Panel C y Panel D).

A través del programa iniciado en diciembre de 2023, el Gobierno logró avances relevantes en el corto plazo: desaceleración inflacionaria, recomposición del resultado fiscal y reducción de la emisión monetaria directa para financiar al Tesoro. Sin embargo, la pregunta central ya no es si el plan logró estabilizar la economía en su primera etapa, sino si sus principales anclas pueden sostenerse en el mediano plazo sin profundizar tensiones sobre la actividad, el empleo, las reservas internacionales y la capacidad de financiamiento del sector público.

En el frente fiscal, la sostenibilidad enfrenta dos desafíos principales. El primero es el límite del ajuste del gasto: una vez reducidas drásticamente partidas como obra pública, subsidios, transferencias o salarios públicos, el margen para continuar recortando se vuelve cada vez menor, tanto por razones técnicas como sociales. La licuación de jubilaciones, salarios públicos, universidades y programas sociales no puede repetirse indefinidamente sin generar demandas de recomposición. Además, el aumento de la deuda flotante sugiere que parte del equilibrio fiscal podría estar apoyándose en la postergación de pagos, lo que introduce presión futura sobre el resultado fiscal (Gráfico 3). El segundo desafío proviene de la recaudación: al depender fuertemente de impuestos asociados al consumo, los ingresos y la actividad, una economía estancada o con recuperación heterogénea limita la capacidad de sostener superávits fiscales genuinos. De hecho, la recaudación tributaria mostró una variación real interanual del -6% en marzo de 2026.¹

El ancla salarial también muestra límites. Durante los primeros meses del programa, la caída del salario real contribuyó a moderar la demanda interna y a reducir presiones inflacionarias (Gráfico 4). No obstante, hacia 2026 la estrategia enfrenta mayores tensiones: las paritarias, las demandas de recomposición del sector público y el deterioro del poder adquisitivo presionan sobre la continuidad de salarios reales deprimidos. En este sentido, los “techos” paritarios, las demoras en homologaciones y la contención de salarios públicos pueden ayudar a sostener la desinflación, pero al mismo tiempo restringen el consumo y profundizan la debilidad de los sectores orientados al mercado interno.²

Las políticas de ajuste también se reflejaron en una fuerte contracción del consumo durante los primeros meses del programa. Los indicadores desestacionalizados de comercio muestran una caída inicial entre noviembre de 2023 y abril de 2024, consistente con la pérdida de ingresos reales, el encarecimiento relativo del crédito y la menor demanda de bienes durables y de consumo masivo (Gráfico 5).

Si bien desde mediados de 2024 se observa una recuperación parcial en varios indicadores de consumo, esta no resulta homogénea entre rubros ni alcanza para despejar las dudas sobre la sostenibilidad del programa. La estabilización descansa en parte sobre una demanda interna contenida, pero la continuidad del esquema requiere que el consumo se recupere sin reactivar presiones inflacionarias ni deteriorar nuevamente el frente externo.

En el plano cambiario, las dudas sobre la sostenibilidad surgieron a partir de la apreciación real generada por un crawling peg que quedó sistemáticamente por debajo de la inflación. La recuperación de la actividad, junto con una mayor apertura comercial, erosionó el superávit externo de 2024 y redujo la capacidad de acumulación de reservas. Esto obligó al Gobierno a abandonar el esquema inicial y migrar hacia un régimen de flotación administrada entre bandas cambiarias, respaldado por nuevos acuerdos con el FMI y organismos multilaterales (Gráfico 2, Panel A).

El Gráfico 6 muestra que la mejora inicial del frente externo se apoyó tanto en la caída de las importaciones, asociada a la contracción de la actividad y del consumo, como en un mejor desempeño de las exportaciones. Sin embargo, la posterior recuperación de las importaciones vuelve a tensionar la sostenibilidad del esquema: a medida que la economía se reactiva, la demanda de divisas tiende a aumentar, reduciendo el margen para sostener la estabilidad cambiaria sin una acumulación genuina de reservas. Hacia 2026 persisten dudas relevantes: el nivel de reservas netas sigue siendo bajo, la acumulación genuina de divisas continúa siendo limitada y la estabilidad cambiaria depende en buena medida del acceso al financiamiento externo.³

Finalmente, en el frente monetario-financiero, el problema ya no se concentra tanto en la emisión directa del BCRA (que fue fuertemente restringida) sino en la sostenibilidad del nuevo esquema de financiamiento. El desarme de los pasivos remunerados redujo una fuente de fragilidad monetaria, pero trasladó parte del riesgo hacia el Tesoro, que debe renovar vencimientos frecuentes de deuda en pesos y sostener la demanda de instrumentos en moneda local. En este marco, la estabilidad financiera depende cada vez más de la confianza en el programa, la estabilidad cambiaria y la posibilidad de acumular reservas. Por ello, aunque el programa logró ordenar desequilibrios de corto plazo, todavía no resolvió plenamente la restricción externa ni la dependencia de financiamiento para sostener la estabilidad macroeconómica (FMI, 2025; Fundar, 2024; Ministerio de Economía, 2025; PIIE, 2026; OCDE, 2025).

Uno de los rasgos más notorios de la coyuntura económica reciente es la creciente divergencia en el desempeño sectorial de la actividad. Mientras sectores primarios y orientados al mercado externo —particularmente hidrocarburos, minería y parte del complejo agroexportador— muestran dinamismo, acceso al financiamiento e incremento de exportaciones, amplios sectores vinculados al mercado interno continúan exhibiendo dificultades para recuperar niveles de actividad y empleo.

De esta manera, comienza a configurarse una estructura económica dual, donde la mejora de los indicadores agregados convive con un desempeño recesivo en buena parte del entramado productivo doméstico. En este contexto, el EMAE logró recuperar niveles superiores a los observados hacia finales de 2023, aunque al excluir el aporte de los sectores primarios exportadores la actividad todavía se mantiene rezagada respecto de aquel punto de partida (Gráfico 7).

Esta dinámica se vincula directamente con la estrategia económica del Gobierno, que busca reorientar el crecimiento hacia un modelo impulsado por inversiones y exportaciones, particularmente en sectores transables y de ventajas comparativas naturales. En este marco, instrumentos como el RIGI y la liberalización parcial de flujos financieros y comerciales apuntan a consolidar un esquema de crecimiento basado en grandes proyectos de inversión en energía, minería e infraestructura exportadora.⁴ La inversión fue, de hecho, uno de los componentes más dinámicos del PIB durante 2025, aunque comenzó a desacelerarse hacia finales de ese año, mostrando además una fuerte concentración sectorial y geográfica (INDEC, 2025).

Sin embargo, persisten interrogantes acerca de la capacidad de este patrón de crecimiento para generar encadenamientos productivos amplios, empleo masivo y una recuperación sostenida del mercado interno. La apreciación cambiaria, la apertura importadora y el ajuste de la obra pública afectaron especialmente a sectores intensivos en empleo como la industria manufacturera y la construcción, mientras que los sectores más dinámicos presentan una menor capacidad relativa de absorción laboral. Así, el principal desafío hacia adelante será determinar si el actual modelo inversor logra expandirse hacia otros sectores de la economía o si termina consolidando una estructura dual tanto en la actividad como en la inversión.

La economía de Misiones enfrenta en 2026 un escenario de doble contracción que la distingue del promedio nacional. Mientras el programa macroeconómico logró reducir la inflación y recomponer el resultado fiscal, sus efectos sobre el mercado interno y el esquema cambiario operan como restricciones estructurales específicas para una provincia de frontera. La caída del poder adquisitivo deprime el consumo local, al tiempo que la apreciación real del tipo de cambio desplaza una porción creciente de ese consumo hacia Paraguay y Brasil.

Si bien la recaudación tributaria provincial (proxy de nivel de actividad) parece mostrar signos de recuperación (Gráfico 7), se debe esperar a los próximos datos para confirmar un repunte o si el nivel de actividad continúa en la senda de tendencia negativa. De hecho, si miramos todo el primer trimestre de 2026, Misiones evidenció el peor desempeño de los últimos meses, que a su vez en el ámbito nacional se reporta como el peor del país en recaudación propia, con una caída real interanual del 21,9%.⁵ Este resultado refleja la combinación de dos procesos simultáneos: la caída de actividad económica y el golpe muy fuerte que asienta la cuestión fronteriza en términos de consumo. Dado que los Ingresos Brutos representan más del 80% de la recaudación provincial, la contracción del comercio local se traduce directamente en menor capacidad fiscal del Gobierno provincial, limitando su margen de respuesta.

A su vez, se registró la pérdida de más de 8.000 puestos de trabajo asalariados registrados desde el tercer trimestre de 2023 al tercero de 2025, volviendo a valores similares a noviembre de 2023 (OEDE, 2026). Como también, el cierre de más de 900 empresas entre noviembre de 2023 y enero de 2026 (Ministerio de Capital Humano de Nación, 2026). Deterioro que impacta directamente sobre el consumo y genera un efecto en cadena sobre el comercio. En marzo, las ventas en supermercados en la provincia reportaron una caída interanual de casi el 19% en términos reales.⁶

En contraste con el comercio interno, el frente exportador muestra dinamismo. En 2025 las cantidades exportadas en Misiones aumentaron un 18% interanual (IPEC, 2025). No obstante, la dinámica exportadora beneficia principalmente a productores primarios e industriales volcados al exterior, con escaso derrame inmediato sobre el empleo y el consumo del mercado interno.

Ante la reducción de la presencia nacional, el Gobierno provincial busca reforzar su intervención en áreas clave como el consumo, la producción y el empleo. La ampliación de los programas "Ahora" y la eliminación de Ingresos Brutos en puntos fronterizos son las herramientas centrales de esa estrategia.⁷ En paralelo, la Cámara de Representantes de Misiones elevó al Gobierno nacional un pedido de exención de tributos nacionales, con el argumento de que la provincia no compite con otras jurisdicciones argentinas sino con países limítrofes. La resolución de esta demanda en el segundo semestre será uno de los factores más relevantes para la evolución de la actividad local.⁸

El desempeño de la economía misionera en el segundo semestre de 2026 dependerá de la confluencia de tres factores: la velocidad de recuperación del poder adquisitivo de los salarios (motor de reactivación del consumo interno); la evolución del tipo de cambio en el nuevo esquema de bandas (factor clave en el diferencial de precios con Paraguay y Brasil); y la obtención, o no, de condiciones impositivas diferenciales a nivel nacional. Sin una mejora del tipo de cambio real que vuelva a hacer competitiva a la provincia, sin una recuperación sostenida del poder adquisitivo y sin políticas específicas para zonas de frontera, la recuperación del comercio podría complicarse.

A nivel nacional, el escenario más probable para los próximos meses combina una desinflación gradual con un crecimiento moderado y heterogéneo. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de abril de 2026 del BCRA, quienes participan del relevamiento esperan un crecimiento del PIB real del 2,8% para 2026, con una expansión desestacionalizada estimada de 0,3% en el primer trimestre, 1,0% en el segundo y 0,9% en el tercero (BCRA, 2026). Sin embargo, ese crecimiento agregado seguirá siendo traccionado principalmente por hidrocarburos, minería y exportaciones primarias, sin que se vislumbre aún una recuperación generalizada de los sectores orientados al mercado interno.

En materia inflacionaria, el REM de abril de 2026 del BCRA muestra una trayectoria de desaceleración gradual, aunque todavía por encima del 2% mensual en el corto plazo: 2,6% para abril, 2,3% para mayo, 2,0% para junio y julio, y 1,8% desde agosto (BCRA, 2026). El principal riesgo al alza proviene de la inercia de precios y de los ajustes tarifarios pendientes. Se advierte sobre la persistencia inflacionaria reciente, asociada a la depreciación cambiaria y a la suba de tarifas, aunque proyectó que la inflación mensual volvería a ubicarse por debajo del 2% hacia fin de año (Reuters, 2026). En simultáneo, el FMI revisó al alza su proyección de inflación para Argentina de 16,4% a 30,4% para 2026, en un contexto global marcado por mayores costos energéticos y persistencia de presiones inflacionarias (FMI, 2026).

En el plano cambiario, el nuevo régimen de bandas administradas introduce un factor de incertidumbre relevante para el segundo semestre. El REM proyecta un tipo de cambio nominal de $1.676/USD hacia diciembre de 2026, lo que implica una variación interanual esperada del 15,8% (BCRA, 2026). Si ese ajuste se materializa de forma gradual y ordenada, mejoraría la competitividad del tipo de cambio real —erosionada durante el período de crawling peg— con efectos positivos sobre exportaciones pero también con un pass-through inflacionario que podría retrasar la convergencia deseada.

El contexto político también incide. El triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre de 2025 otorgó al Gobierno mayor respaldo parlamentario para sostener el programa económico en 2026. No obstante, la aceleración inflacionaria registrada durante el período preelectoral dejó huellas: el poder adquisitivo real no logró recuperar los niveles previos al ciclo electoral y la demanda interna sigue débil. Con las elecciones presidenciales de 2027 asomando en el horizonte desde el tercer trimestre, la presión por señales de reactivación del consumo irá en aumento.

Para Misiones, el segundo semestre concentra tres interrogantes que definirán la trayectoria de la actividad local. El primero es la velocidad de recuperación del salario real: sin recomposición sostenida del poder adquisitivo, el consumo interno difícilmente repunte más allá de la estacionalidad. El segundo es la dinámica cambiaria: una depreciación gradual del tipo de cambio en el nuevo esquema de bandas mejoraría la competitividad de la frontera misionera respecto a Paraguay y Brasil, pero su ritmo determinará cuánto se achica la brecha de precios que hoy desplaza consumo hacia el exterior. El tercero —y más incierto— es la suerte del pedido de régimen fiscal diferencial elevado al Gobierno nacional: si avanza en el Congreso durante el segundo semestre, podría constituir el primer alivio estructural concreto para el sector comercial e industrial de la provincia en varios años; si se demora o se diluye en negociaciones, el margen de respuesta de la economía misionera seguirá siendo estrecho.

El signo más alentador proviene de la propia recaudación provincial: la variación mensual desestacionalizada de la ATM mostró un leve repunte en abril de 2026, lo que podría indicar que la caída tocó un piso en el primer trimestre. Sin embargo, un dato de un mes no configura tendencia, y la recuperación de la actividad dependerá en última instancia de que las tres condiciones mencionadas se resuelvan de manera favorable —ninguna de las cuales está garantizada en el horizonte inmediato.